Es el cauce que el Ayuntamiento de Burgos pone a disposición de las personas para comunicar, de forma segura y confidencial, posibles infracciones graves de las que tengan conocimiento. Lo exige la Ley 2/2023, que traspone a España la Directiva europea de protección de informantes (la conocida como «directiva whistleblowing»).

Su finalidad es doble: facilitar que afloren conductas que dañan el interés general y proteger a quien las comunica.

Acciones u omisiones que puedan constituir:

• Infracciones del Derecho de la Unión Europea incluidas en el ámbito de la directiva.
• Infracciones penales (delitos).
• Infracciones administrativas graves o muy graves.

En el ámbito municipal son típicas la corrupción, el fraude, la malversación, la prevaricación, la contratación irregular, los conflictos de interés, el acoso laboral o los riesgos graves para la salud o el medio ambiente.

Quedan fuera del canal:

• Quejas o sugerencias sobre servicios municipales (limpieza, alumbrado, tráfico…): usa el Buzón de Quejas y Sugerencias de la web municipal.
• Conflictos personales o laborales que solo afecten a quien informa y a las personas mencionadas.
• Meros rumores o información ya disponible públicamente.
• Infracciones leves.
• Situaciones de emergencia: en ese caso, llama al 112.

Cualquier persona física que haya obtenido la información en un contexto laboral o profesional relacionado con el Ayuntamiento. Por ejemplo:

• Personal empleado público y personal laboral, en activo o ya cesado.
• Personas en prácticas, en formación o que realizan voluntariado.
• Quienes participan en procesos de selección, aunque la relación aún no haya empezado.
• Personas que trabajan para empresas contratistas, subcontratistas o proveedoras.
• Personas con cargos de administración, dirección o supervisión.

La protección también puede alcanzar a quien te ayude (personas facilitadoras), a tu entorno y a personas jurídicas vinculadas a ti.

Sí. El canal admite comunicaciones totalmente anónimas. El sistema te facilita un código de seguimiento único: guárdalo, porque es la única forma de consultar el estado del expediente y de responder a peticiones de información sin desvelar quién eres.

Anonimato significa que no facilitas tus datos en ningún momento: nadie sabe quién eres.

Confidencialidad significa que, aunque te identifiques, tu identidad se trata de forma reservada y no se comunica a la persona afectada ni a terceros. Solo podría revelarse a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente, en el marco de una investigación y con todas las garantías.

El tratamiento se ajusta al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley 2/2023. Solo se tratan los datos estrictamente necesarios para gestionar e investigar la comunicación, y el acceso queda limitado al personal autorizado.

El registro de comunicaciones no es público. Los datos se conservan únicamente el tiempo necesario y, en ningún caso, más de diez años. Si los datos recibidos no son veraces o no resultan necesarios, se suprimen sin demora.

No. La identidad de quien informa nunca se revela a la persona afectada por la comunicación, ni siquiera cuando ejerce su derecho de defensa o de acceso al expediente. La reserva de tu identidad es una garantía esencial de la ley.

La Ley 2/2023 prohíbe expresamente cualquier represalia —y también las amenazas o las tentativas de represalia— contra quien informa de buena fe. Los actos de represalia son nulos de pleno derecho, y la protección se mantiene durante los dos años siguientes a la finalización de las investigaciones.

Cualquier trato desfavorable por haber informado. Por ejemplo: despido o no renovación, suspensión de empleo, cambio de funciones o de lugar de trabajo, reducción salarial, denegación de ascensos o de formación, evaluaciones negativas, acoso, intimidación, daño reputacional o inclusión en listas que dificulten encontrar empleo.

No te corresponde a ti probarlo. Si acreditas que comunicaste de buena fe y que después sufriste un perjuicio, se presume que ese perjuicio es una represalia: es la entidad quien debe demostrar que su decisión obedeció a motivos legítimos y ajenos a tu comunicación.

La ley prevé medidas de apoyo a las personas informantes, como información y asesoramiento sobre sus derechos, asistencia jurídica y, según el caso, apoyo financiero y psicológico. Estas medidas se canalizan a través de la autoridad competente.

Estás protegida o protegido siempre que tuvieras motivos razonables para pensar que la información era veraz en el momento de comunicarla, aunque después la investigación no confirme la infracción. No quedan amparadas las comunicaciones que se hacen a sabiendas de que son falsas: aportar información falsa de forma deliberada puede constituir una infracción.

Puedes hacerlo de varias formas:

• Por escrito, a través de la plataforma web del canal (la vía recomendada para garantizar el anonimato).
• Por correo postal dirigido a la persona Responsable del Sistema.
• Verbalmente o en una reunión presencial, que se fijará en un máximo de 7 días si así lo solicitas.

• Acuse de recibo: un máximo de 7 días naturales desde la recepción.
• Análisis y admisión a trámite: tras valorar si la comunicación entra en el ámbito de la ley.
• Investigación y respuesta: un máximo de 3 meses, ampliable a otros 3 en casos de especial complejidad, debidamente motivados.

Los plazos en días se entienden hábiles, salvo cuando se indica que son naturales.

Con el código de seguimiento que te entrega el sistema al presentarla. A través de un buzón cifrado podrás consultar el estado, recibir comunicaciones y aportar información adicional, todo ello sin necesidad de revelar tu identidad.

No. El uso del canal es totalmente gratuito.

La persona a la que se refieren los hechos conserva todas sus garantías: presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho al honor y a la protección de sus datos. Será informada de los hechos y podrá ser oída y acceder al expediente, en los términos previstos por la ley. En ningún caso se le revelará la identidad de quien ha informado.

Sí. Además del canal interno, la ley prevé:

• Canal externo autonómico: la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCyL), competente respecto del sector público autonómico y local de Castilla y León.
• Canal externo estatal: la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2025.
• Revelación pública: en los supuestos tasados del artículo 28 de la ley.

Sí. Aunque el uso del canal interno es preferente, puedes elegir el cauce que te ofrezca más confianza. Es razonable acudir directamente al canal externo si temes represalias, si crees que la comunicación interna no se tratará adecuadamente o si ya lo hiciste y no obtuviste respuesta.

La gestión corresponde a la persona Responsable del Sistema Interno de Información del Ayuntamiento de Burgos, que actúa con independencia y de forma imparcial. Puedes consultar sus datos de contacto en la página del canal.

Mariano Huertas, teléfono: 947288879, email: canaldenuncias@aytoburgos.es